Hace unos días el Presidente presentó la nueva terna para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. Los miembros de la terna, Camilo Ospina, Virginia Uribe y Juan Angel Palacio son sin lugar a dudas cercanos al presidente, lo cual de por sí, no tiene nada de raro, pues es apenas lógico que quien conforma la terna, busque personas afines a sus convicciones políticas o personales. Esta terna ha sido criticada fuertemente, y sectores, inclusive dentro de la misma Corte Suprema, les gustaría que fuera retirada, pues la consideran, no sin razón, una terna de bolsillo.
El problema esta, según mi parecer, no en la terna misma, sino en su nominador, es decir, el Presidente de la Republica, quien desaprovechó la oportunidad de enviar una señal clara al país sobre su intención de permitir que las investigaciones que están en marcha contra altos miembros de su gobierno se realizarán con la más absoluta transparencia, inclusive bajo la perspectiva de un tercer período suyo.
Recordemos que la constitución del 91 adopto el mecanismo de elección de fiscal general, bajo el presupuesto de que su período no debía coincidir, sino parcialmente, con el del presidente que lo nominó. Claro, eran los tiempos en los que se esperaba que el jefe del estado, en honor a nuestra tradición democrática no buscara reelegirse. Hoy en día, bajo el actual escenario que apunta a la busqueda de una nueva reelección por parte del señor Presidente, sea a través del plan A, B o C (seguro que existen más), la elección de los candidatos a fiscal no hace más que acentuar las preocupaciones de quienes vemos amenazada la institucionalidad del país por los intentos del ejecutivo de abarcar todas las ramas del poder público. Ya se ha hecho con la Corte Constitucional, también con el Ministerio Público, y se volverá a hacer con la Fiscalía General.
No olvidemos que el próximo fiscal desempeñará un rol importante en la decsión de casos que afectan directamente al círculo más cercano al presidente, y en ese órden de ideas, lo más sensato, como se señaló, hubiera sido que Uribe se hubiera apartado de lo que seguramente le manifestaban sus consejeros, y se hubiera arriesgado a proponer una terna que garantizará a los demás poderes, en especial a la Corte Suprema, su intención de no intervenir en la decisión de procesos tan delicados como el de las chuzadas del DAS, la parapolítica o la Yidis-política, además de los que seguramente vendrán, pues todo indica que hasta ahora se está encendiendo el ventilador.
Por ahora, ya vemos como la dichosa terna se comienza a desmoronar desde adentro con las acusaciones que se han destapado esta semana sobre uno de sus miembros, el ex-consejero de estado Juan Angel Palacio. Por mas sabiduría que se le pida a los Honorables Magistrados a la hora de elegir, así sí que es difícil.
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